El inicio del nuevo siglo marcaba para Latinoamérica una esperanza en el pago de la deuda social y era de suponer que el crecimiento económico sostenido hubiera generado recursos para ello. El referente tradicional fue Norteamérica y Europa cuyos modelos prometían un gran horizonte en el mediano plazo y alentaban a echar un vistazo a nuestras potencialidades para configurar un escenario competitivo en cuanto a políticas públicas con metas realizables, medibles, objetivas, con justicia social, en el marco de una democracia y sobre todo en armonía entre el sector publico y el privado.
Llegado el año 2009, la estructura social de Latinoamérica, continúa fragmentada en términos socio-económicos y de involucramiento en las decisiones, esto contribuye a que todavía se gobierna con sistemas políticos frágiles que no satisfacen las necesidades sociales básicas de la población que se halla excluida del sistema económico productivo.
Algunos nuevos gobiernos en la Región han expresado sus deseos para salir de los modelos clásicos y avanzar en la construcción del cambio permitiendo la inclusión social y participación en los procesos, esto, permitiría una gran transformación jurídica y social como parte de las reformas de los estados y aprovechar el mercado sin descuidar lo social como lo hace Alemania, Costa Rica y la misma Chile que se ha abierto al mundo configurando un modelo social de mercado que marcará su destino en las próximas décadas.
Para ello es indispensable la inclusión de políticas públicas que sean el referente de la gestión gubernamental y de la gestión misma del estado, que se introduzcan las disciplinas de las ciencias sociales como accionar de la autoridad para entender a la sociedad, aunque en su diseño e implementación confluyen otras disciplinas como la economía, la sociología , la administración incluso las ingenierías y otras técnicas.
El gran cuestionamiento del pasado y presente es: ¿Qué hacen y cuanto han producido todos los que nos han gobernado? ¿Para quienes han gobernado? ¿Cuánto hemos avanzado en el tiempo? ¿Cuanto hemos perdido y ganado en este tiempo?, y otros incógnitas que se hallan en el subconsciente de los individuos, familias y organizaciones.
En un estado de derecho y plena democracia, las políticas públicas para el “mejor y buen vivir” deben ser las leyes y el pleno cumplimiento de ellas entre otras sobre: educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, relaciones con el exterior, etc. y que guarden armonía con las necesidades y objetivos de planes realizables.
Las políticas públicas de todo orden están destinadas a las soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos, son cursos de acción que contienen un importante flujo de información referido a objetivos públicos con la participación de la sociedad en un proceso que requiere voluntad política y aceptación de la realidad.
Si el “poder” es del “soberano” que es el pueblo, los gobiernos son instrumentos para la realización de las políticas públicas y encuentro de resultados para el bienestar común, los gobiernos ejecutan los planes y los gobiernos y la comunidad evalúan la gestión.
En la definición de las políticas públicas se deben tomar muy en cuenta la diversidad de recursos que se requieren para su cumplimiento, siendo el mismo estado que asigne los dos recursos con una política pública coherente, dimensionada y realizable, condicionada a la estructura del país sin descuidar el entorno internacional.
Llegado el año 2009, la estructura social de Latinoamérica, continúa fragmentada en términos socio-económicos y de involucramiento en las decisiones, esto contribuye a que todavía se gobierna con sistemas políticos frágiles que no satisfacen las necesidades sociales básicas de la población que se halla excluida del sistema económico productivo.
Algunos nuevos gobiernos en la Región han expresado sus deseos para salir de los modelos clásicos y avanzar en la construcción del cambio permitiendo la inclusión social y participación en los procesos, esto, permitiría una gran transformación jurídica y social como parte de las reformas de los estados y aprovechar el mercado sin descuidar lo social como lo hace Alemania, Costa Rica y la misma Chile que se ha abierto al mundo configurando un modelo social de mercado que marcará su destino en las próximas décadas.
Para ello es indispensable la inclusión de políticas públicas que sean el referente de la gestión gubernamental y de la gestión misma del estado, que se introduzcan las disciplinas de las ciencias sociales como accionar de la autoridad para entender a la sociedad, aunque en su diseño e implementación confluyen otras disciplinas como la economía, la sociología , la administración incluso las ingenierías y otras técnicas.
El gran cuestionamiento del pasado y presente es: ¿Qué hacen y cuanto han producido todos los que nos han gobernado? ¿Para quienes han gobernado? ¿Cuánto hemos avanzado en el tiempo? ¿Cuanto hemos perdido y ganado en este tiempo?, y otros incógnitas que se hallan en el subconsciente de los individuos, familias y organizaciones.
En un estado de derecho y plena democracia, las políticas públicas para el “mejor y buen vivir” deben ser las leyes y el pleno cumplimiento de ellas entre otras sobre: educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, relaciones con el exterior, etc. y que guarden armonía con las necesidades y objetivos de planes realizables.
Las políticas públicas de todo orden están destinadas a las soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos, son cursos de acción que contienen un importante flujo de información referido a objetivos públicos con la participación de la sociedad en un proceso que requiere voluntad política y aceptación de la realidad.
Si el “poder” es del “soberano” que es el pueblo, los gobiernos son instrumentos para la realización de las políticas públicas y encuentro de resultados para el bienestar común, los gobiernos ejecutan los planes y los gobiernos y la comunidad evalúan la gestión.
En la definición de las políticas públicas se deben tomar muy en cuenta la diversidad de recursos que se requieren para su cumplimiento, siendo el mismo estado que asigne los dos recursos con una política pública coherente, dimensionada y realizable, condicionada a la estructura del país sin descuidar el entorno internacional.
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